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Centro de cultivo de Nova Austral. Foto: Archivo Salmonexpert.
Centro de cultivo de Nova Austral. Foto: Archivo Salmonexpert.

Chile: Según el Consejo de Defensa del Estado, exgerentes de la compañía arriesgan hasta 10 años de presidio por eventual fraude, y la salmonicultora arriesga perder beneficios de la Ley Navarino.

Hace algunas semanas, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) abrió la puerta a un nuevo capítulo en el caso de subreporte de mortalidad, siembra, cosecha y abastecimiento de Nova Austral, por medio de una querella contra exejecutivos de la salmonicultora Nicos Nicolaides, Drago Covacich, Arturo Schofield, Rigoberto Garrido e Isaac Ollivet-Besson y contra todos los que resulten responsables de un eventual fraude al Fisco.

Desde el Consejo de Defensa del Estado señalaron a Salmonexpert que “los ejecutivos actuaron ilícitamente en la obtención de cuantiosos montos de subvenciones fiscales en nombre y para beneficio de la empresa. Dicha bonificación es el objeto del delito, y al ampliar el CDE su querella para perseguir la responsabilidad penal que cabe a Nova Austral como persona jurídica, la cautela de dichos fondos permite asegurar su responsabilidad civil, mediante una acción restitutoria”.

En la querella, según el CDE, se consideró el período en que la empresa entregó información falsa a Sernapesca, al menos entre enero de 2016 y junio de 2019, tiempo en que no habría cumplido con las normas ambientales, no obstante, continuó percibiendo las referidas subvenciones, alcanzado cerca de $60.000 millones. 

Para los exejecutivos de Nova Austral incluidos en la querella, asegura el CDE, “la pena asociada al delito que se investiga -en el tramo que corresponde al monto defraudado- es de presidio menor en grado máximo. Pero al tratarse de delitos reiterados, puede llegar a penas de presidio mayor, esto es, hasta diez años de presidio por el fraude, sin considerar las penas de multa, accesorias y aquellas asociadas al delito ambiental”.

El CDE, asimismo, “amplió su querella en contra de la empresa para perseguir la responsabilidad penal de la persona jurídica, basada en el delito del artículo 136 de la Ley de Pesca, referido a la contaminación de aguas. En este sentido, la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de la persona jurídica, establece penas especiales para la empresa que, para este caso, incluye multas, la pérdida de beneficios fiscales y la prohibición temporal de celebrar contratos con el Estado”, detallaron desde el Consejo de Defensa del Estado.

En tanto, desde el CDE manifiestan que, con esta querella, la salmonicultora magallánica arriesgaría perder los beneficios de la Ley Navarino, ya que ésta “exige el cumplimiento de determinados requisitos para acceder al pago de la correspondiente bonificación. Entre ellos, la racional utilización de los recursos naturales y la preservación de la naturaleza y del medio ambiente. Nova Austral, al adulterar las cifras de mortalidad, generó una condición ambiental desfavorable en los “Centros de Engorda de Salmones (CES)”, la cual trató de ocultar mediante la introducción de toneladas de arena en el lecho marino”.

Paralelamente, Nova Austral presentó un recurso legal para revertir esta medida de retención de pagos por Ley Navarino y espera que esta situación se resuelva pronto, tomando en cuenta que hoy es una nueva administración la que está a cargo de la compañía.

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