Salmonicultores celebran que Gobierno da pie atrás a declarar 99 sitios prioritarios… pero mantienen alerta
La industria valoró la decisión del Ministerio del Medio Ambiente, sin embargo, está muy preocupada por los reglamentos para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
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De manera sorpresiva el Gobierno tomó una decisión, en el marco de la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Así, indicaron a Salmonexpert que como resultado del masivo proceso de consulta pública y de los diálogos sostenidos por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Aarón Cavieres, con gremios productivos y sociedad civil, sobre sitios prioritarios, informan que no avanzarán en la definición del primer listado hasta que los insumos surgidos de los procesos sean analizados en profundidad.
“El Ministerio del Medio Ambiente ha llevado adelante este proceso de acuerdo con lo establecido en el artículo octavo transitorio de la ley 21.600. Los aportes recibidos en el marco de la consulta pública aún vigente, que a la fecha ha recibido más de 2.000 observaciones, permitirán robustecer esta política pública y dar certeza sobre su alcance a todos los actores”, dieron a conocer.
Igualmente, señalaron, el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra actualmente trabajando decididamente para despejar dudas y atender las observaciones recibidas, con el compromiso de mantener el diálogo e impulsar un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás.
Frente a esto, la industria salmonicultora celebró, pero a la vez, advirtió que se mantiene en alerta por la puesta en marcha del SBAP.
“La decisión del Ministerio de Medio Ambiente de detener el proceso de declaración de los 99 Sitios Prioritarios iniciales es el resultado de las objeciones públicas levantadas desde distintos gremios productivos y la sociedad civil. Esta acción evidencia que el proceso llevado a cabo hasta ahora carecía de la debida transparencia y participación de los actores involucrados”, detalló a Salmonexpert el presidente de SalmonChile, Arturo Clément.
“Si bien creemos que esta decisión es positiva, consideramos que aún queda mucho trabajo por hacer. Aún quedan más de una decena de reglamentos de la Ley SBAP en trámite que deben ser analizados también con la participación de distintos actores. Esperamos que el Ministerio de Medio Ambiente y sus autoridades entiendan que, para la elaboración de una buena política pública, se debe trabajar escuchando a todos los sectores y no sólo a unos pocos”, expresó Clément.
"En relación con la suspensión del proceso de definición de sitios prioritarios, creemos que ha sido lo correcto debido a las incertidumbres y alarmas que esto ha generado para el desarrollo de diversas industrias, entre ellas, la salmonicultura.
Por su parte, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, apuntó a Salmonexpert que “como gremio, hemos advertido con fuerza y en diversas instancias, que una mala implementación de la Ley SBAP puede terminar dañando tanto la conservación como el desarrollo regional y con ello, el de Chile. Por lo mismo, esperamos que esta ‘pausa’ no sea solamente un gesto comunicacional, sino el inicio de un rediseño real y efectivo del proceso: más transparente y técnico, con el reglamento que establece la ley y una participación efectiva de las comunidades y sectores productivos”.
El Consejo del Salmón, manifestó al respecto Seguel, “seguirá, tal como siempre ha sido su sello, disponible para aportar antecedentes y propuestas, teniendo siempre la convicción de que las políticas públicas deben equilibrar protección ambiental con empleo, inversión y desarrollo. Eso es lo que hoy está en juego".
Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, subrayó que “valoramos la decisión del Gobierno respecto a los sitios prioritarios, porque recoge las observaciones planteadas por los sectores productivos y abre un espacio para mejorar la implementación de la Ley SBAP”.
Sin embargo, dijo, “creemos que la misma lógica debe aplicarse a los otros 11 reglamentos de la ley. Hemos participado activamente y dedicado muchas horas a entregar comentarios técnicos en cada proceso, pero el feedback del Ministerio ha sido nulo”.
“Por esta razón hemos recurrido a la Contraloría para que se pronuncie, ya que no puede existir un estándar para algunas materias y otro distinto para situaciones equivalentes. Nuestro interés es avanzar en una regulación clara, coherente y predecible, que combine protección ambiental y desarrollo económico responsable”, recalcó Odebret.
