Los cambios que requiere la Ley Lafkenche son descritos por la industria salmonicultora
Desde SalmonChile, afirmaron que la Ley Lafkenche se ha mal utilizado para obstaculizar a los sectores productivos, impidiendo el crecimiento de la industria salmonicultora.
Publicado
Actualizado
Con la participación de un centenar de personas entre autoridades, pescadores artesanales, líderes de los pueblos originarios y representantes de sectores productivos ligados al mar como la mitilicultura, salmonicultura y actividades navieras, se desarrolló este jueves en Puerto Montt el “Diálogo Sureño Ley Lafkenche: Presente y futuro”, espacio de análisis organizado por la Fundación gente del Sur.
En más de dos horas, la actividad desarrollada en el auditorio de la Asociación Chilena de Seguridad de la capital regional, actores relevantes compartieron sus puntos de vista sobre la situación actual y la proyección de la Ley 20.249 que creó el espacio costero marino de pueblos originarios.
En el diálogo, moderado por Hardy Knittel, director ejecutivo de Fundación Gente del Sur, compartieron sus puntos de vista el senador Fidel Espinoza, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado; Marco Antonio Ide, presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur (Fipasur); el werkén Francisco Vera Millaquén, de la comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelén de Pargua y primer representante indígena en una Comisión Regional de Uso de Borde Costero en Chile; Paola Cárcamo Contreras, presidenta de la Asociación Gremial de Mitilicultores Aguas Azules de Calbuco y José Tomás Monge, director Territorial de SalmonChile.
En la instancia, el director Territorial de SalmonChile manifestó que el Ejecutivo ha sido testigo de la voluntad del gremio y de la industria salmonicultora de conversar y de reclamar cuales son los temas que creen que esta norma debiese abordar, ya que su finalidad es noble, pero su aplicación ha sido mala y deficiente.
“Uno de los temas más complejos para los sectores productivos, no solamente para la salmonicultura, sino que también mitilicultura, pesca artesanal, turismo, y obras públicas, es que no hay límite de las solicitudes, lo que es desproporcionado y atenta contra el espíritu original de la norma. Otro de los temas controversiales es el efecto suspensivo, que independiente que se respeten los derechos constituidos, todo lo que está en renovación o en tramitación, queda paralizado. Esto, afecta a inversiones, y en el caso de la salmonicultura, a las relocalizaciones”, precisó Monge.
Para el profesional, otro aspecto complejo es la acreditación de los usos de las ECMPO, ya que basta acreditar dos usos en un lapso de 10 años, lo que es bastante laxo. “El régimen de sanciones cuando hay incumplimiento, no está claro cómo se fiscaliza y tampoco existen las herramientas en los organismos competentes para hacerlo. Por otra parte, es una vergüenza el no cumplimiento de los plazos, tanto para las comunidades solicitantes, como para tercero. Esta es una norma que tiene plazos establecidos, pero el único plazo que se cumple es cuando ingresa a la CRUBC para su votación. Como gremio, hemos solicitado en muchas oportunidades que los servicios públicos que intervienen, porque son muchos, cuenten con los recursos, ya que es un tema muy relevante para el desarrollo y la convivencia de quienes desarrollan sus actividades en el borde costero, a lo largo de todo Chile”.
A juicio de Monge, la ley se ha mal utilizado para obstaculizar sectores productivos, impidiendo el crecimiento de la industria salmonicultora, “lo que no es el espíritu de la ley, ya que han sido comunidades muy influenciadas por ONG nacionales e internacionales. Por otro lado, cuando ha habido buena fe, cuando ha habido entendimiento y diálogo entre todos los actores de la CRUBC, entre pescadores artesanales, comunidades y la industria, nosotros hemos votado de manera favorable”.
Por su parte, el senador Fidel Espinoza, sostuvo que la denominada Ley Lafkenche requiere modificaciones “porque se están provocando abusos, como lo que ocurre en algunas zonas del Archipiélago de Chiloé, donde comunidades poseedoras de ECMPO no permiten el desarrollo de trabajos de la pesca artesanal”.
El parlamentario agregó que “no queremos que aumente la conflictividad y por ello queremos modificaciones que vayan en la línea de mejorar la ley, para que no tenga dobles interpretaciones como ocurre actualmente con efectos suspensivos, y que las instituciones respondan a tiempo. No es posible que instituciones se demoren ocho años en declarar un ECMPO porque eso suspende todo tipo de actividades económicas en el sector”.
El presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado también propuso entre las modificaciones “sanciones ejemplificadoras como la caducidad del espacio de borde costero entregados a las comunidades cuando existan cobros indebidos”.
