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Marcelo Campos, socio director de Acuasesorías y asesor técnico de Acotruch. Foto: Acuasesorías.
Marcelo Campos, socio director de Acuasesorías y asesor técnico de Acotruch. Foto: Acuasesorías.

*Columna de opinión para Salmonexpert de Marcelo Campos, socio director de Acuasesorías y asesor técnico de Acotruch.

Sabiendo que Chile es más mar que tierra, es decir desde el punto de vista de la soberanía nacional posee más maritorio que territorio y pensando en gobernanza, es lógico concluir que debiéramos contar con un Ministerio del Mar, que se encargue de los diversos temas relacionados con éste. Pero, como ello es bastante complejo, al menos por ahora lo primero que cabe preguntarse es por qué en Chile, reconociéndose la irrefutable realidad de lo que significan la pesca y la acuicultura, aún no se cuenta con una cartera ministerial dedicada exclusivamente a estas actividades. La creación del Ministerio de Pesca y Acuicultura, de las cuales a un simple análisis debieran depender las Subsecretarías de Pesca, de Acuicultura y de Borde Costero, como asimismo un Servicio a cargo de la fiscalización sectorial, todos dotados de infraestructura, presupuestos y personal altamente calificado, es lo menos que se merece el país, para así dar cuenta de una institucionalidad moderna, eficiente y efectiva.

La normativa actualmente vigente aplicable a la salmonicultura, además de extensa y compleja, se está modificando con extrema celeridad. La tramitomanía como la tramitología sencillamente no resisten ningún análisis. Es verdad que debemos hacernos cargo de diversos inconvenientes generados a consecuencias del desarrollo de esta actividad económica, pero también la comunidad debe estar consciente de los efectos de muchas de sus acciones que a su vez interfieren con ésta; los impactos son absolutamente bidireccionales. El principio básico de “reconocimiento y confianzas mutuas” se encuentra resquebrajado desde hace mucho tiempo y las acciones de los distintos actores sectoriales (autoridades, productores, inversionistas, investigadores, sociedad civil) no contribuyen a mejorar principios como credibilidad y certeza, incluida la “certeza jurídica”, aspecto que es fundamental para la toma de decisiones especialmente las productivas.

La comunidad aún no toma conciencia de la importancia de la salmonicultura y su rol en la sociedad. Muchos sostienen estar en contra de ésta, sin observar que viven directa e indirectamente de su accionar. Instituciones bancarias y financieras, centros de salud, comercio en general, establecimientos educacionales, empresas de transporte, sólo por nombrar algunos rubros de la economía que otorgan numerosos e importantes puestos de trabajo, se justifican única y exclusivamente dado el desarrollo alcanzado por la salmonicultura nacional. Cabe reiterar que de no estar ésta o mermarse su desarrollo, no existirían gran cantidad de fuentes laborales con significativas remuneraciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En el marco del Mes del Mar y teniendo presente todo lo antes expuesto, es preciso reflexionar en torno a diversos acontecimientos que redundan en aspectos legales y reglamentarios que de no mediar iniciativas en el corto y mediano plazo podrían dañarnos de manera prácticamente irreversible. Entre estos sucesos, en directa relación con la salmonicultura, cabe mencionar los efectos del cambio climático en aspectos oceanográficos incluidos parámetros ambientales y sanitarios, los espacios costeros marinos de los pueblos originarios (ECMPO), los procesos de tramitación, otorgamiento y operación de las concesiones tanto marítimas como de acuicultura, la determinación de clasificación de bioseguridad de las agrupaciones de concesiones de especies salmónidas, la exigencia de cumplimiento de aspectos como riesgo cero y margen de error cero, la interacción con los cultivos de recursos hidrobiológicos que están comenzando a emerger y la creciente sobrerregulación cada vez más rigurosa.

En este mismo sentido, no puede también dejar de preocuparnos los motivos de las recientes fusiones de empresas salmonicultoras, disminuyendo el número de entidades productoras y actores sectoriales, lo cual probablemente afectará la competitividad. No todos pueden soportar el costo de una normativa que no diferencia especies, ubicación geográfica del centro de cultivo ni sistemas y volúmenes de producción, cuestión que urge ser considerada en las nuevas propuestas que al parecer prepara la autoridad en el proyecto de Ley de Acuicultura que presentaría el Ejecutivo durante este año.

Tampoco es posible soslayar los alcances que históricamente ha tenido el robo de salmónidos, problema que no ha podido ser resuelto. En la actualidad se está tramitando una ley para autorizar la pesca de salmónidos que puedan haberse escapado de los centros de cultivo. Esta problemática debe ser analizada multisectorialmente con mucho más detalle y altura de miras, pues de ninguna manera pueden permitirse actos maliciosos, los cuales no provienen de la pesca artesanal, sino que de inescrupulosos que a través de una ley pretenden amparar sus ilícitas actividades y obtener impresionantes beneficios. 

En resumen, para asegurar la sostenibilidad de la acuicultura es absolutamente necesario trabajar en pro de una mirada integradora que nos permita proyectarnos en el tiempo y el espacio; esto, en sencillas palabras, es “potenciar la acuanomía”, debiendo entenderse que, en forma análoga a la agronomía, ésta corresponde al conjunto de conocimientos aplicables al cultivo del agua, derivados de las ciencias exactas, físicas y económicas.