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La relevancia de la relación entre empresa acuícola y derechos humanos

Constanza Alvial, Abogada Consultora en Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario. Foto: Cedida.

*Columna de opinión para Salmonexpert de Constanza Alvial, Abogada Consultora en Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario.

De acuerdo con la entrevista realizada por SalmonExpert a la Fiscalía Marítima de la Gobernación Marítima publicado con fecha 8 de enero del presente año, se señala que cerramos el 2019 con la muerte de nueve personas en el ejercicio de uno de los oficios más importantes para la industria acuícola y que más repercusiones tiene para la salud de quienes la ejercen: el buceo. La pérdida de estas vidas, tan lamentables por el impacto incalculable que generan a nivel familiar, comunitario y entre compañeros de trabajo, también repercuten sobre el funcionamiento de la empresa. 

Más allá de si estas muertes fueron dentro de los Centros de Cultivo, con o sin responsabilidad de la empresa o del individuo, la muerte de un colaborador interno o externo trae siempre consigo alteraciones legales y organizacionales: potenciales indemnizaciones, paralización de funciones, pérdida de trabajadores y trabajadoras, entre otras. En ese contexto, la fuerza y la gestión de estos impactos dependerá del manejo integral que exista de las operaciones y de cómo la empresa ha puesto a las personas y al valor humano en el core del negocio. 

Aquí toma una especial relevancia la relación Empresa y Derechos Humanos, siendo ésta el vínculo que hay entre la actividad productiva y la protección a los trabajadores y, en general, a toda persona involucrada en la operación. Los Derechos Humanos son valores que cualquier democracia debe respetar y superponer como principio, y que en su concepción moderna van mucho más allá de situaciones de tortura, esclavitud o trabajo infantil. Más bien son una condición intrínseca para el desarrollo, y el sentido de incorporarlos en la labor empresarial es significar a las personas como rightholders, o sujetos titulares de derechos fundamentales al interior de toda la cadena de valor de una compañía. 

Así cuando el enfoque de Derechos Humanos tiene un espacio central en una industria ello conlleva a que se generen y prioricen protocolos o mecanismos preventivos que ayudan a evitar o aminorar impactos sobre sus trabajadores. Cuando una empresa cuenta con protocolos establecidos y programas de capacitaciones en la materia tiene mayor margen de acción, sin que las medidas adoptadas signifiquen la determinación de responsabilidad. 

En la industria acuícola puntualmente pueden ser acciones dirigidas, por ejemplo, a: facilitar que empresas, autoridades locales, sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales, entre otros actores relevantes del territorio, impulsen protocolos o reglamentos dirigidos a regular esta actividad y a enfrentar con mayor preparación y herramientas los eventuales impactos que de ella pudiesen presentarse; formalización de mecanismos de apoyo integral a familiares; difusión de declaraciones públicas lamentando la pérdida de un colaborador; desarrollo conjunto por parte de empresas de la industria de programas de capacitación periódicos a los buzos para fortalecer el ejercicio seguro de este oficio, así como también la generación de lineamientos internos que estén por sobre los estándares existentes en materia de salud y seguridad; entre otros.

¿Cómo hacernos cargo de esta tarea titánica? Si bien existen diversas guías nacionales e internacionales en Derechos Humanos para la ejecución de estas acciones, es necesario que la empresa se tome en serio el revisar y diagnosticar al interior de su organización el desarrollo y lugar que ocupan estos principios, para así definir las políticas y directrices. Para esto los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y Derechos Humanos, y las metas establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a través de los ODS,  constituyen un mapa de navegación imprescindible. Estos instrumentos internacionales son ampliamente utilizados por grandes empresas nacionales y multinacionales, como centro de toda acción de respeto de derechos humanos. Son, a su vez, una herramienta ancla para que el directorio pueda hacer una declaración de compromisos en materia de sostenibilidad, identificando las que serán las líneas madre en medio ambiente, relación con colaboradores, transparencia y anticorrupción, y Derechos Humanos. Esta última engloba la relación con los rightholders que se encuentren relacionados directa o indirectamente al negocio, como por ejemplo, las comunidades. 

¿Pero basta con la declaración? No. Luego de realizar la “debida diligencia”, es decir medir los riesgos e impactos de la empresa sobre los Derechos Humanos en su cadena de valor, es fundamental alinear al Directorio, a los departamentos gerenciales y a los colaboradores con los principios y su estrategia, ya que su respeto es continuo y debe enfrentar los mismos cambios dinámicos que la actividad económica. 

La expectativa de respetar los Derechos Humanos, además, que se está convirtiendo en una exigencia al ser un relevante indicador de competitividad de las empresas, ya sea porque los clientes extranjeros están atentos a ello como un indicador al momento de comprar, porque los proveedores lo requieren en el estudio de la cadena de valor, o porque nos dirigimos a que esto sea una obligación legal como ya lo es en Francia. 

Una decisión empresarial adecuada con los tiempos actuales es incorporar una visión de respeto de Derechos Humanos que permita prevenir afectaciones, pero sobre todo, invertir en el futuro de la actividad.