Boric y la salmonicultura a poco de terminar su Gobierno: avances, críticas y tensiones
Mientras ONGs exigen mayor celeridad en la salida de áreas protegidas, gremios y productores advierten sobrecarga burocrática, y pérdida de competitividad.
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A cerca de 8 meses de finalizar su mandato, la figura del Presidente Gabriel Boric genera diferentes sensaciones entre sus adherentes y detractores, y sobre todo, en quienes hoy son el motor de crecimiento y desarrollo de esta zona del país, las salmonicultoras y el ecosistema que funciona a su alrededor. Durante más de tres años, su Gobierno ha anunciado transformaciones en la industria, potenciando la sostenibilidad ambiental y una mayor fiscalización, tensionando las relaciones con el sector, al tiempo que ha tenido que enfrentar la presión de organizaciones ambientalistas que exigen cambios más drásticos, donde el hito más relevante de una nueva Ley Acuícola no se ha materializado.
Uno de los hitos más simbólicos ocurrió en mayo de 2022, cuando Boric, en la Región de Magallanes, afirmó que las salmonicultoras debían retirarse de áreas protegidas. Este anuncio generó alta expectativa en ONGs, comunidades indígenas y sectores turísticos que denunciaban impactos sobre ecosistemas prístinos. Sin embargo, más de dos años después, organizaciones como Greenpeace Chile, Oceana y WWF Chile han criticado la lenta implementación de este compromiso: la mayor parte de las concesiones en parques y reservas nacionales sigue operativa, y no se han definido plazos concretos de retiro.
Desde el Gobierno, el Ministerio del Medio Ambiente —liderado por Maisa Rojas— ha puesto foco en la agenda regulatoria, generando fuertes críticas del sector salmonicultor. La adhesión al Acuerdo de Escazú, uno de los primeros actos (no menos polémicos) de Boric en 2022, abrió la puerta a mayor transparencia, acceso a información y participación ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos. A ello se sumó la aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) en 2023, que busca fortalecer la administración y fiscalización en territorios protegidos, aunque su implementación se espera que tome aun más tiempo.
Uno de los pilares de esta transformación ha sido el impulso de la nueva Ley de Pesca y otra Ley de Acuicultura, donde la primera fue presentada en diciembre de 2023, y reemplaza la normativa de 2013 con principios de sustentabilidad, participación ciudadana, enfoque ecosistémico y justicia ambiental. Sin embargo, hace un mes, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, anunció que el gobierno dejará de avanzar en una Ley General de Acuicultura tal como se había planteado originalmente, y optará por un enfoque de normas especializadas. Este enfoque, que buscará modernizar la gobernanza del sector y simplificar los trámites, especialmente para relocalizaciones de concesiones, no ha dejado muy contentos ni a gremios, ni a los productores, quienes ven con urgencia la necesidad de una regulación -o incluso un Ministerio- exclusivo para esta importante actividad productiva y económica del país.
Pero un factor que ha sido predominante en el Gobierno del Frenteamplista, es el endurecimiento del sistema de permisos ambientales. Entre 2022 y 2024, la aprobación de nuevas RCA para centros salmonicultores cayó drásticamente —con sólo tres visadas en dos años y ninguna en 2024— reflejando el nuevo enfoque precautorio y el rol activo del SEA y el Ministerio del Medio Ambiente en exigir estudios de capacidad de carga y respeto de normativas, como la Ley Lafkenche, un tema que ha incomodado a la industria y que incluso ha generado controversias, al verse excluidos, por ejemplo, de la elaboración del plan de administración del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) Mañihueico Huinay.
Desde el Ministerio del Trabajo, la ex ministra y actual carta presidenciable del Partido Comunista, Jeannette Jara, promovió constantemente el diálogo con sindicatos salmonicultores y la fiscalización de condiciones laborales, en un sector caracterizado por extensas jornadas y empleo en zonas rurales de difícil acceso. Y si bien ha habido acercamientos, también se ha tensionado la relación con la salmonicultura, al predominar un foco proteccionista por sobre la mirada economicista y de desarrollo de esta actividad, fuente principal de crecimiento y empleo en la región.
Frente a este foco, las ONGs ambientales han valorado la intención de cambio, pero consideran insuficientes las medidas. Oceana y WWF Chile sostienen que la industria sigue operando en condiciones insostenibles, con mortalidades masivas de peces, uso de antibióticos y daño a ecosistemas frágiles. Por su parte, Greenpeace Chile ha calificado como “pura retórica” la promesa del Gobierno de sacar a las salmonicultoras de áreas protegidas sin un cronograma vinculante.
Mientras tanto, los gremios salmonicultores han advertido sobre el impacto de estas políticas en la competitividad y el empleo. Desde SalmonChile y el Consejo del Salmón han criticado la creciente burocracia, la lentitud en permisos y la incertidumbre jurídica que, aseguran, desalienta la inversión y afecta a miles de trabajadores en el sur de Chile. También han llamado al Gobierno a “evitar demonizar” a la industria y a reconocer los avances en reducción de antibióticos, innovación y acuerdos con comunidades locales.
En contraste con las tensiones locales, la estrategia internacional del Gobierno ha buscado abrir nuevos mercados. En octubre de 2023, Boric firmó un protocolo con el presidente Xi Jinping para permitir la entrada de salmón coho fresco chileno al gigante asiático, tras dos décadas de negociaciones. Y en 2025, el Presidente encabezó una misión oficial a Brasil, el tercer mercado más importante para el salmón chileno, acompañado por representantes gremiales de SalmonChile.
Así, la gestión de Boric ha estado marcada por un giro hacia la sostenibilidad, mayor fiscalización y diálogo social, pero también por tensiones con el sector productivo y la crítica de ONGs que exigen medidas más radicales.
¿Qué podemos esperar?
En el actual clima preelectoral, el futuro de la salmonicultura aparece como un tema divisorio. Jeannette Jara, actual carta presidencial del oficialismo, ha enfatizado la necesidad de consolidar un modelo acuícola sostenible con respeto por los derechos laborales, planteando mayores estándares para la industria y un Estado fiscalizador fuerte. Por contraste, el candidato de derecha José Antonio Kast ha defendido la idea de destrabar inversiones, simplificar permisos ambientales y frenar lo que llama “exceso de regulaciones ideológicas”, prometiendo condiciones más favorables para la expansión de la salmonicultura como motor de empleo en el sur.
Por su parte, otra figura clave del escenario electoral, la ex alcaldesa de Providencia y candidata presidencial Evelyn Matthei, también ha expresado su respaldo a la industria, señalando que “Chile está frenando la salmonicultura con regulaciones absurdas”. En entrevistas y columnas de opinión, Matthei ha planteado que el país debe simplificar los trámites, acortar tiempos de relocalización y dar certezas jurídicas para evitar perder competitividad frente a Noruega y otros productores. Para la candidata, la salmonicultura es “clave para la descentralización y el empleo en el sur”, y se requiere un Estado que colabore con el sector productivo en lugar de trabarlo con lo que considera exceso de permisología y activismo ambiental mal entendido.
Este contraste entre logros y críticas del actual Gobierno, y el indescifrable escenario presidencial en el que estamos ingresando, auguran que el destino de la industria será un tema clave en la próxima elección, con visiones opuestas y no menos controversiales sobre su regulación ambiental y social.
