La fórmula de los grandes empresarios para que la Ley Lafkenche no bloquee la acuicultura
Entre otras cosas, la CPC propone poner límites claros a la superficie de los ECMPO, para evitar solicitudes que abarcan grandes extensiones sin justificación cultural o ecológica.
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Desde la CPC y sus seis ramas, convocaron a más de 80 empresarios y expertos para poner manos a la obra y elaborar un plan de acción ambicioso y que efectivamente, permita impulsar el crecimiento económico de Chile para volver a poner el desarrollo integral como una meta posible y cercana.
Identificaron 50 motores, algunos de fácil implementación y otros más complejos, pero todos relevantes por su alto impacto en el crecimiento. El resultado de este trabajo lo entregaron a los candidatos presidenciales, con el fin de que lo consideren en sus programas de Gobierno y, en el mediano plazo, se concrete en políticas públicas pro desarrollo.
Uno de los motores de máxima potencia, según la CPC, tiene que ver con modificar la Ley Lafkenche, para delimitar con criterios objetivos su aplicación, donde el plazo para que esto se implemente en un próximo Gobierno es de 3 meses.
Con el fin de evitar el bloqueo de concesiones marítimas y acuícolas, se propone: redefinir legalmente qué se entiende por “uso consuetudinario”, quiénes pueden reclamarlo y la manera de acreditarlo para evitar interpretaciones ambiguas; establecer límites claros a la superficie de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) para evitar solicitudes que abarcan grandes extensiones sin justificación cultural o ecológica; exigir estudios técnicos, ambientales y sociales con base científica antes de aprobar una ECMPO; publicar toda la información de solicitudes, aprobaciones y rechazos en un registro público y transparente; vincular el proceso a una planificación territorial marina nacional, para evitar superposición con áreas protegidas, concesiones acuícolas o zonas industriales; establecer criterios ecológicos mínimos para solicitar una ECMPO en zonas frágiles o de alta biodiversidad; postergar la suspensión de solicitudes de áreas para fines productivos una vez verificado el uso consuetudinario por parte de Conadi.
Asimismo, los grandes empresarios plantearon optimizar la tramitación de proyectos de inversión en el SEIA, a través evaluaciones técnicas con criterios objetivos, reglas claras ante la judicialización y establecer un sistema de preanálisis temprano y voluntario, entre otros.
Ello co un preanálisis temprano y voluntario: establecer una etapa previa, voluntaria y reglada, que evalúe, entre otros, la compatibilidad territorial, área de influencia y actores sociales relevantes de los proyectos de inversión, con participación de organizaciones precalificadas, con interés legítimo. Luego, continuar con una segunda etapa de evaluación.
Establecer normas claras y medibles: implementar un catálogo de normas ambientales y sectoriales, alineadas con estándares internacionales, para facilitar la evaluación y mejorar el diseño previo de los proyectos.
Reglas claras ante la judicialización: limitar las reclamaciones sólo a quienes participaron en el proceso de participación ciudadana, evitando la paralización de proyectos por acciones judiciales o hallazgos arqueológicos, trasladando la defensa del proyecto al Estado.
Evaluación técnica con criterios objetivos: evaluar medidas de compensación, mitigación y reparación propuestas por los titulares con indicadores jerarquizados según su naturaleza en esenciales, relevantes o secundarios, garantizando una evaluación más objetiva y técnica.
Establecer un procedimiento abreviado para proyectos ya existentes que pretenden ampliarse, actualizarse o extender su vida útil, que certifique a través de una declaración jurada, que se mantendrán o mejorarán los estándares ambientales establecidos en la resolución de calificación vigente.
