Conoce en detalle las medidas anunciadas por Kast que destraban la salmonicultura chilena
Entre otras cosas, el Plan de Reconstrucción propone que las microrelocalizaciones de concesiones no deban someterse a evaluación ambiental, para agilizarlas.
Ayer muy temprano por la mañana, cerca de las 07:30 horas, el Presidente José Antonio Kast firmó el tan esperado proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional, que incluye varias medidas para la industria salmonicultora.
En primer lugar, de acuerdo con el documento al que accedió Salmonexpert, se propone destrabar las microrelocalizaciones de concesiones de acuicultura. La relocalización implica trasladar una concesión ya otorgada a un nuevo sector con el objetivo de alcanzar condiciones más favorables que mejoren su desempeño ambiental y sanitario.
La normativa vigente exige que toda relocalización de concesiones de salmones ingrese obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), incluso cuando se trate de ajustes que no impliquen cambios sustantivos en el proyecto. Esto contrasta con lo que ocurre en otros sectores productivos —e incluso con otros tipos de cultivos acuícolas— donde sólo deben ingresar al SEIA aquellas modificaciones que constituyan un “cambio de consideración”, pudiendo en los demás casos tramitarse mediante una consulta de pertinencia en este caso.
Y es más, existen proyectos que están explícitamente eximidos de ingresar al SEIA, como las concesiones de acuicultura que no tienen salmones, según la excepción introducida por la Ley Nº 21.183. Esto evidencia un trato diferenciado hacia la actividad acuícola, y constituye una pérdida de productividad para el sector, la que tiene consecuencias en las personas y comunidades aledañas a los centros de cultivo que dependen de la actividad.
Se propone modificar el artículo 5 de la Ley N° 20.434 en dos sentidos. Por una parte, se elimina la obligatoriedad de someter toda relocalización al SEIA, dejando que operen las reglas generales que exigen dicho trámite sólo ante cambios de consideración. Por otra, se exime explícitamente a las microrelocalizaciones de ese procedimiento, considerando que el sistema actual las ha hecho inviables en la práctica. De 1.060 solicitudes presentadas ante el Sernapesca, desde el inicio de la norma en 2010, solamente dos fueron exitosas, pese al bajo impacto medioambiental que generan.
En segundo lugar, se propone la sustitución de la caducidad de concesiones por no uso por un cobro de patente incrementada. Actualmente, se requiere que las concesiones de acuicultura operen para mantener su vigencia y no ser caducadas, lo que lleva a los productores a iniciar operaciones pese a que económicamente no tenga sentido hacerlo. En este sentido, el régimen actual de caducidad tiene baja tasa de aplicación, sólo el 7% de las concesiones que estuvieron en causal de caducidad, entre 2022 y marzo de 2026, efectivamente la perdieron (solamente 47 de 667 concesiones).
Por esta razón, se propone sustituir el sistema de caducidad por una patente incrementada por no uso de la concesión, castigando el no uso de la patente acuícola, pero sin caducarla anticipadamente. De esta manera, se liberan recursos administrativos dedicados a los procesos de impugnación de la caducidad, a la vez que se permite a los titulares desarrollar su actividad de manera responsable.
Se propone la sustitución de la caducidad de concesiones por no uso por un cobro de patente incrementada. Actualmente, se requiere que las concesiones de acuicultura operen para mantener su vigencia y no ser caducadas"
Así las cosas, en materia de operación, se establece un desincentivo a la inactividad mediante la incorporación de un cobro adicional a la patente única de acuicultura, de carácter anual. Dicho recargo ascenderá a 6 UTM por hectárea por cada año de no uso, contado desde el tercer año en que se configure dicha situación, y luego a 16 UTM por hectárea adicionales por cada año de no uso, contado desde que hayan transcurrido 54 meses desde que se configure dicha situación. Para estos efectos, el reglamento deberá definir los niveles mínimos de actividad exigidos. Consecuentemente, se elimina la paralización de actividades por más de dos años como causal de caducidad de la concesión, reemplazando dicha sanción por el mencionado recargo a la patente única de acuicultura.
En tercer lugar, se propone agilizar la elaboración de informes de banco natural e informes ambientales mediante la habilitación del pago en una cuenta extrapresupuestaria del Sernapesca. La legislación acuícola contempla que ambos tipos de informes sean financiados por los titulares de proyectos y posteriormente licitados por dicho Servicio. Sin embargo, su realización depende de la disponibilidad presupuestaria definida y administrada por la Dirección de Presupuestos, la que se encuentra desacoplada de los recursos que transfieren los titulares de proyectos por vía de Tesorería, generando demoras y atochamientos con independencia del flujo de recursos disponibles.
Para efectos de lo anterior, precisan, se propone la creación de un trámite más ágil para la elaboración de estos informes, en que el solicitante entregue los recursos en una cuenta extrapresupuestaria del Sernapesca y que éste pueda encargar los informes directamente a los expertos del registro ya existente.
Por otra parte, se acotan los indicadores que se deben registrar y transmitir para el monitoreo ambiental en las zonas o áreas geográficas donde se desarrolla la actividad acuícola, con el objeto de adecuar dicha obligación a la realidad operacional.
A fin de monitorear los parámetros ambientales de las zonas o áreas geográficas en las que se desarrolla la acuicultura, los titulares de concesiones deberán disponer de una tecnología que registre y transmita los indicadores de salinidad, temperatura, fluorescencia, Ph, oxígeno y variables meteorológicas.
Los distintos órganos de la Administración del Estado deberán coordinarse, en tanto, para la planificación, ejecución y uso de mediciones, monitoreos y levantamiento de información, evitando la duplicación de esfuerzos y promoviendo el uso compartido e interoperable de los datos generados.