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Mercantilización y despolitización: bases de una difícil gobernanza en torno al salmón

Álvaro Román Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, Pontificia Universidad Católica de Chile Departamento de Sociología, Universidad Alberto Hurtado https://ecolpol.wordpress.com

Introducción

La salmonicultura en Chile, tal como la conocemos hoy, tiene una historia reciente y sumamente aparejada con cambios institucionales, políticos y sociales, lo que permitió a este sector alcanzar un período de relativa consolidación. Desde la mitad de la década de 1990, cuando los productores situados en Chile comenzaron a competir directamente con Noruega en términos de volumen (Fao, 2012), emergieron numerosas narrativas que le dieron a la salmonicultura un carácter épico (Bustos, 2012). Se construyó una imagen de una región fuertemente ligada al salmón, manifestada en fuertes alzas en las cifras de empleo y en la creciente inversión pública y privada (Avilés, 2015; Durán y col., 2007), donde los inversionistas salmonicultores ocuparon el rol de crear desde cero un nuevo motor para la economía local y nacional. En este artículo revisamos las evidencias que matizan este discurso y destacamos las dificultades que la salmonicultura enfrentará en un escenario político cada vez más complejo, debido a la mayor variedad de temas a considerar y a la emergencia de actores que se sienten convocados a generar opinión sobre éstos.

El cultivo de salmón dio sus primeros pasos de manera experimental y por agencias estatales desde fines del siglo XIX, con una primera importación exitosa de ovas en 1905 (Golusda, 1907). No obstante, estos ensayos no prosperaron como actividad económica durante las décadas siguientes. A mediados del siglo XX, la salmonicultura no formaba parte de los análisis regionales de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Más bien, daban cuenta de la fuerte dependencia de actividades agrícolas y silvícolas y apenas dejaron espacio para tratar la recolección de mariscos y de una industria conservera incipiente (Corfo, 1962).

Un extenso análisis de geografía regional hecho al archipiélago de Chiloé a mediados de la década de 1970 (Grenier, 1984), contemporáneo con la primera planta de piscicultura instalada en Curaco de Vélez en 1974 (Unctad, 2006), dedicó solamente media página a esta actividad, en parte por su baja presencia y en parte por el desconocimiento de su potencial. Éste y otros estudios hechos con posterioridad dieron cuenta también del atraso relativo de la región de Los Lagos, y de Chiloé en particular, en relación con los niveles de vida alcanzados en la zona central de Chile (Arenas y col., 2001; Barret y col., 2002; Montiel, 2010).

La irrupción de centros de cultivo, jaulas de salmón y camiones con bins durante la década de 1980 se sumó a los efectos de la demanda de mano de obra -empleo asalariado, con sus posibilidades de ahorro y de planificación de la economía familiar-, y la incorporación formal de las mujeres en la economía (ver Figura 1), con sus efectos sobre dinámicas familiares y empoderamiento. Esto provocó que el ingreso del sector salmonicultor al escenario regional levantara expectativas como pocas actividades lo habían hecho.

 

Fig1 - Mercan
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Figura 1. La salmonicultura ha sido clave en la incorporación formal de mujeres al mercado laboral. Fuente: elaboración propia.

 

Una gobernanza más allá del Estado

¿De qué expectativas estamos hablando? De todo tipo: acceso a salud y educación, posibilidades de estabilidad laboral y económica, movilidad social, incidencia en la toma de decisiones e, incluso, de aquellas relacionadas con nuevas formas de recreación y ocio (Román, 2015). Notemos que éstas no sólo son producto de la localización de la salmonicultura, sino que representan un resultado del contexto en el que este proceso se gestó. La apertura económica experimentada por el país durante la dictadura está aparejada con un fenómeno mundial de mercantilización y de despolitización de las relaciones sociales. Los dos últimos están muy interconectados, pero tienen diferencias entre sí y, en conjunto, nos permiten reconocer un nuevo escenario caracterizado por muchos grupos de interés, donde el papel protagonista que ha tenido el Estado se diluye.

La mercantilización consiste en asignar un precio a elementos que anteriormente no lo tenían, o bien, en traspasar el beneficio de dicho precio de un agente a otro. Los recursos naturales son aquellos sobre los que más se discute este proceso. Como plantea Smith (2006), dar un valor objetivo a la naturaleza facilita su uso hasta la sobreexplotación. Como resultado, el valor es transferido a quien clama dicha propiedad, y los costos son traspasados a toda la comunidad (Hardin, 1962). Sandel (2012) extiende esta idea a todas las relaciones sociales, señalando que los mercados no son capaces de regularlas sin cometer injusticias, pues su valor queda reducido a un bien de intercambio. Dicho bien será descartado si no tiene demanda o si está por debajo del precio. Esto ya ha sido documentado en comunidades que han sido beneficiadas por el empleo y por mayores expectativas debido a la salmonicultura, donde el tiempo destinado a labores comunitarias e incluso el dedicado a la familia es cambiado por más horas de trabajo (Amtmann & Blanco, 2001; Cid, 2012; Fløysand & Román, 2008).

La despolitización, en tanto, se vincula con la deslegitimación de la democracia y del aparato estatal. Crouch (2004) habla de postdemocracia para describir el cuestionamiento a los conductos regulares de canalización de demandas y de resolución de controversias. Así se refleja, por ejemplo, en la creciente desconfianza en la política electoral y en las resoluciones de los tribunales. Esta pérdida de legitimidad surge de la constatación de que gran parte de las decisiones de carácter público, son tomadas por una suerte de élite política y empresarial que deja fuera a parte de la ciudadanía que no ve sus intereses representados por dichos actores. Como consecuencia, buscarán mecanismos alternativos para incorporarlos en la agenda.

Cerny (1995) señala que esta desconfianza degrada el carácter regulatorio y normativo del Estado, y, eventualmente, es reemplazado, al menos en parte. Podemos identificar una búsqueda de equivalencias funcionales allí donde se detecta una tarea que no está siendo cumplida de manera satisfactoria por el aparato estatal. El mercado concentra varias de ellas, especialmente, en la distribución de bienes, servicios y perjuicios. Pero también se presenta en la utilización de mecanismos ya existentes, pero de un modo diferente. Ocurre en los casos de judicialización de proyectos de inversión. En ellos, grupos de interés apelan a mecanismos públicos para revertir decisiones que, a su juicio, pasaron a llevar criterios normativos. En otras palabras, mediante el poder judicial se intenta corregir decisiones tomadas por el poder ejecutivo. También se da en el caso de campañas mediáticas que buscan establecer verdades diferentes a las oficiales mediante estrategias difíciles de contener, como el rumor, el desvío de focos de interés o la asociación de problemáticas para hallarles una causa común.

La deslegitimación de los canales democráticos como mecanismo de regulación de expectativas tiene el efecto de agregar grupos de negociación no sólo a nivel de las comunidades, sino también a nivel internacional. Y lo hace mediante recursos que presionan no sólo al Estado, sino también a las empresas que hasta ahora han descansado en los conductos estatales para llevar adelante sus operaciones. Un ejemplo lo da la campaña de la Global Alliance Against Industrial Aquaculture (Gaaia), que critica los métodos empleados por la salmonicultura empleando frases a modo de gancho. Entre ellas, señala que los salmones de cultivo son adictos a las drogas -en alusión a los antibióticos y otros químicos empleados en la producción- (Staniford, 2004), empleando además iconografía que compara este tipo de salmón con el cigarrillo (Gaaia, s.f.). Pese a que Cermaq, una empresa grande como pocas, reaccionó entablando un juicio contra los autores de esta campaña, no pudo evitar que sus alusiones trascendieran a la prensa de corriente principal, como Reuters, que tituló una nota sobre el salmón chileno precisamente con la frase “adicto a los antibióticos” (ver Figura 2), atribuyéndole la razón por la que el mercado estadounidense dejaría de importar desde Chile (Reuters, 2015).

Fig2 - Mercan
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Figura 2. La nota de Reuters evidencia que un conflicto puede escapar del conducto regular. Fuente: Reuters (2015).

 

Lo anterior muestra que los medios por los cuales diferentes grupos de interés pueden incidir sobre un sector económico en particular dejó de ser una cuestión que se puede encapsular a nivel estatal. En este sentido es que la postdemocracia define más que todo la emergencia de una gobernanza más allá del Estado (Crouch, 2004), con cada vez más grupos de interés, cada vez menos articulados y, por lo mismo, más demandantes, pues responder a ellos supone un ejercicio caso a caso.

Los fenómenos de mercantilización y despolitización, por lo tanto, se conjugan de un modo que hará especialmente difíciles las relaciones de producción. El ejemplo visto da luces de que no se trata de un desafío contenido, de algo que se resuelva negociando con sindicatos, comunidades y ONGs locales. En lugar de ello, exige una revisión de la posición que se ocupa en relación a grupos de interés, pero también de esos mismos intereses. Estos pueden ser transversales -para un sindicato puede ser tan importante como para una empresa que el rendimiento sea positivo, pues asegura la demanda de mano de obra; para una empresa puede ser relevante tomar contacto con prácticas culturales, como una manera de generar relaciones de mutuo beneficio en forma de cluster- y, al mismo, generar profundas divisiones -un sindicato que rechace aliarse con una ONG local conservacionista; una comunidad dividida entre quienes consienten y quienes rechazan la localización de un centro de cultivo.

 

¿Qué le espera a la agenda salmonicultora?

Este escenario de una gobernanza muy desafiante representa un reto mayor al momento de abordar el cumplimiento de expectativas generadas por la salmonicultura en la región de Los Lagos. Los años de bonanza del sector generaron una confianza relativa en el progreso sostenido que permitiría el ahorro familiar y el acceso a educación superior, por poner sólo dos ejemplos. El mejoramiento de las condiciones de vida en todo el país también contribuyó a un optimismo siempre amparado bajo una lógica de mercantilización. Mansilla (2009) ejemplifica cómo el turismo rural se valió de las mingas para emularlas en verano como un espectáculo, ya no como una forma de vida. Este proceso de mercantilización, presente desde los primeros pasos de la salmonicultura en la región a través de los bonos de asistencia (Román & Barton, 2015), lleva a que el vínculo con ella se dé únicamente por una relación de mercado, alejando la posibilidad de una familia salmonicultora o, siquiera, de un compromiso con los ciclos comerciales en una visión de largo plazo.

A su vez, la despolitización, expresada en cada vez más bloques con posturas más duras y menos abiertas al encuentro con otros, conduce a conflictos más difíciles de resolver fuera de la cooptación por el sistema de precios. La crisis por el virus ISA derrumbó muchas expectativas sobre el progreso aparejado al cultivo de salmón. Es interesante el aporte que hace Bustos (2015), quien señala que esta crisis no significó una crítica ni al capitalismo ni a la explotación de los recursos naturales. Por el contrario, consienten estos procesos, pero esperan que los problemas generados sean corregidos de manera asistencialista -por ejemplo, apoyo de las empresas a actividades de ocio-, sin que haya confianzas como para generar un proyecto de desarrollo sobre una base común.

La salmonicultura chilena tiene que asumir que no es una actividad querida. A lo sumo, es un sector aceptado y legitimado desde esta óptica mercantilista y despolitizada. Por ello, sus próximos pasos debiesen evaluar hasta qué punto pueden mantenerse al margen de establecer una relación con la sociedad en que están insertas, y no sólo un vínculo paternalista con comunidades aledañas, a riesgo de crear expectativas que ya no puedan ser compradas.

 

Referencias

Amtmann, C. A. & Blanco, G. (2001). Efectos de la salmonicultura en las economías campesinas de la región de Los Lagos, Chile. Revista Austral de Ciencias Sociales 5, 93-106.

Arenas, F., Andrade, B. & Qüense, J. (2001). La valorización de un espacio periférico: el caso de la costa oriental de la Isla Grande de Chiloé. Revista de Geografía Norte Grande 28, 79-90.

Avilés, D. (2015). Construcción de una economía política híbrida: análisis comparativo de las inversiones públicas y privadas desde una óptica neoestructural. En: Román, Á., Barton, J. R., Bustos, B. & Salazar, A. (Eds.). Revolución salmonera: paradojas y transformaciones territoriales en Chiloé, 79-122. Santiago de Chile: RIL Editores; Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC.

Barrett, G., Caniggia, M. I. & Read, L. (2002). “There are more vets than doctors in Chiloé”: social and community impact of the globalization of aquaculture in Chile. World Development 30(11), 1951-1965.

Bustos, B. (2012). Brote del virus ISA: crisis ambiental y capacidad de la institucionalidad ambiental para manejar el conflicto. EURE 38(115), 219-245.

Bustos, B. (2015). ¿Síndrome de Estocolmo? Comunidad, industria y desarrollo tras la crisis del virus ISA en Chiloé. En: Román, Á., Barton, J. R., Bustos, B. & Salazar, A. (Eds.). Revolución salmonera: paradojas y transformaciones territoriales en Chiloé, 235-257. Santiago de Chile: RIL Editores; Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC.

Cid, B. E. (2012). Maternizando lo político: mujeres y género en el Movimiento Sindical de la Industria Salmonera Chilena. Estudos Feministas 20(1), 189-207.

Corporación de Fomento de la Producción [Corfo] (1962). Geografía económica de Chile, Tomo IV. Santiago de Chile: Corfo.

Crouch, C. (2004). Post-democracy. Cambridge: Polity Press.

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