Crece la demanda por una nueva legislación acuícola construida desde las regiones
Líderes sindicales, gremiales y parlamentarios coinciden en que el proyecto del Gobierno fracasó por falta de apoyo político y social, proponiendo reiniciar el proceso con mayor legitimidad territorial.
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La decisión del Gobierno de no avanzar en la Ley General de Acuicultura durante lo que resta de su mandato ha generado reacciones en el sur del país, especialmente entre quienes han estado vinculados directa o indirectamente al proceso legislativo. Tras casi dos años de trabajo técnico impulsado por la Subsecretaría de Pesca, el Ejecutivo optó por congelar la tramitación, reconociendo que no están dadas las condiciones políticas para sostener el debate. Frente a ello, actores del mundo sindical, gremial y parlamentario han coincidido en que es momento de repensar la ley desde una lógica participativa, con fuerte anclaje regional y sin decisiones tomadas “entre cuatro paredes”.
Alejandro Santibáñez, presidente de la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, fue categórico al declarar que “la ley de acuicultura no tiene piso hoy en día, en absoluto. Pero también creemos que lo que está proponiendo el Gobierno en cuanto a las relocalizaciones tampoco tiene piso. Por eso, desde la Multisindical instamos a que vengan a terreno, que hablemos en serio de esta acuicultura, que hablemos del futuro, porque nuestro presidente ofrece productos del extranjero mientras nosotros estamos quedando sin trabajo acá en Chiloé”.
Desde el Congreso, el diputado Mauro González, representante del Distrito 26, explicó que la falta de apoyo político fue determinante. “Lo que pasa es que el Gobierno se dio cuenta que no tiene los votos, que no había agua en la piscina para una modificación política normativa de esta índole. Fue el mismo ministro el que tuvo que echarse para atrás porque se iba a encontrar con una oposición importante. Actualmente tenemos muchas normas que ya tienen en jaque a la industria. La Ley Lafkenche, la implementación del SBAP, todos temas donde los que somos parte del sur debemos tener ojo, porque se están elaborando reglamentos que podrían perjudicar una concesión vigente, su renovación o futuras inversiones”.
El Diputado del Distrito 56, Alejandro Bernales, confirmó que el Gobierno ha decidido no continuar con la tramitación de la Ley General de Acuicultura, tras constatar las diferencias surgidas durante los diálogos participativos. “Hace un par de semanas hablamos con el ministro Grau, nos contó y nos confirmó que no va la Ley de Acuicultura, esto por una serie de diferencias que se produjeron en los diálogos participativos, y el gobierno desestima entonces esta ley dadas estas diferencias y lo complejo que iba a ser buscar acuerdos”, señaló el parlamentario.
En una mirada más técnica, Tomás Monge, gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile, señaló que desde el gremio siempre han valorado los esfuerzos por modernizar la regulación. “Creemos que cualquier iniciativa que apunte a mejorar la regulación, a brindarle certeza a los trabajadores y a toda la cadena de valor, es positiva. Sin embargo, sabíamos que era muy difícil que este Gobierno pudiera sacar adelante una ley acuícola, sobre todo considerando que siguen tramitando la Ley de Pesca y que son legislaciones complejas. Aun así, valoramos que se quiera avanzar en relocalizaciones y en una nueva gobernanza”.
En tanto, Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, lamentó que no se haya podido capitalizar el trabajo de la Subpesca, pero puso el foco en las oportunidades futuras. “Fueron dos años de trabajo levantando información para tener una idea clara de qué ley de acuicultura necesita el país. Tristemente, este año no va esa ley. Pero sí hay elementos importantes que deben ser considerados para pensar una ley en una próxima administración. Uno no puede dejar de pensar en la necesidad de un cuerpo legal de acuicultura para toda la industria, que es tan relevante para Chile. Hay temas urgentes, como la relocalización de concesiones y una nueva gobernanza, que deben resolverse ya”.
Confianza
Santibáñez también abordó la crisis de confianza entre el Ejecutivo y los actores del sector, acentuada por episodios como la entrega de datos erróneos en la discusión sobre la Ley de Pesca. “Es lamentable lo que pasó, no está en nosotros juzgar el escenario político, pero sí creemos que corregir también es una virtud humana. Eso tiene que ayudar a generar nueva confianza. Nosotros como Multisindical estamos siempre dispuestos al diálogo. Lo hemos demostrado. Nos reunimos con el ministro Grau hace unas semanas y lo invitamos a la región. Queremos que venga, que venga también la ministra de Medio Ambiente. Queremos conversar acá, en el territorio, y que se genere esa confianza que hoy está perdida”.
El diputado González criticó la forma en que el Ejecutivo ha impulsado normativas con fuerte impacto sobre la acuicultura sin suficiente diálogo. “No queremos que el Gobierno, o el Ministerio de Medio Ambiente, quiera legislar ahora a través de Secretaría. Fuimos claros. El SBAP provocó una gran movilización, porque la ciudadanía entiende que hay una amenaza velada cuando los reglamentos pueden poner trabas que no están en la ley. No queremos que esto se normalice. Las políticas públicas tienen que considerar la opinión de los trabajadores. No puede ser que recién se les escuche cuando salen a marchar”.
Igualmente, Monge insistió en que la actual normativa ya no responde a las necesidades reales del sector productivo. “La regulación que tenemos es obsoleta, antigua y contradictoria. No puede ser que un servicio público te autorice a sembrar y luego una superintendencia te paralice la siembra. La regulación ambiental, territorial y sectorial no conversa. Y eso tiene que cambiar. Necesitamos una regulación que mire al futuro, que dé certeza, y que esté construida con visión de largo plazo”.
Pertenencia territorial
A pesar del escenario adverso, Mauro González no descarta un nuevo intento en el próximo ciclo político, pero con condiciones claras. “Hoy no están las condiciones. Hay que resolver primero otros problemas. Pero el día de mañana, claro que se puede presentar una ley acuícola que se haga cargo de las necesidades reales de la salmonicultura y de la mitilicultura. Eso sí, ese anteproyecto tiene que elaborarse con la gente del sector, que no se haga entre cuatro paredes. Hay que legislar con los actores vinculantes, sin temor a la opinión de la ciudadanía. Así podemos crear un buen proyecto”.
En ese sentido, Odebret enfatizó que existe una base de conocimiento técnico ya desarrollada que no debería desperdiciarse. “El levantamiento de información ya se hizo. Ahora lo que falta es voluntad política para traducir eso en una buena propuesta legal. No basta con postergar el proyecto. Es necesario que la próxima administración tome esa base y la utilice para diseñar una regulación que resuelva los problemas más urgentes”.
Ante este escenario, el Diputado Bernales manifestó que existen materias en las que sí se podría avanzar, como el régimen de relocalizaciones. “Parece que ahí hay un punto que se puede trabajar, donde hay acuerdos entre la industria, los trabajadores del salmón y también nosotros los parlamentarios, para poder avanzar rápidamente en dar más certezas en los temas de relocalizaciones”, indicó, agregando que avanzar en este punto entregaría señales positivas para una industria clave en la economía nacional.
“Nos parece que eso sería un buen avance, una buena señal para poder avanzar de forma sustentable y dar más certezas también a la industria, una industria que además es uno de los exportadores número uno del país, el segundo, y por eso requerimos trabajar urgentemente, no solo por el crecimiento de nuestra región, sino que también por el país”, acotó Bernales.
Finalmente, tanto gremios, como parlamentarios y el mundo sindical coincidieron en que el camino hacia una nueva Ley de Acuicultura debe considerar no sólo los aspectos productivos y ambientales, sino también la legitimidad del proceso. La demanda es abrir el diálogo a los territorios, garantizar la participación de trabajadores, gremios, comunidades y gobiernos locales, y generar una regulación moderna, coherente y sostenible.
Y el desafío, ahora, queda en manos del próximo Gobierno.
