Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo. Foto: Salmonexpert.

"La fiscalización estuvo a la altura, las sanciones contra la empresa, ejemplificadoras"

Chile: La subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo, afirma que las prácticas irregulares del caso Nova Austral no son generalizadas en toda la industria salmonicultora chilena.

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“La fiscalización estuvo a la altura, las sanciones fueron ejemplificadoras y las prácticas -hay que reconocer- no son generalizadas a toda la industria. Este fue un caso puntual”, afirma a Salmonexpert la subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo, consultada por el caso de Nova Austral, titular del centro de salmónidos Aracena 19, en el Parque Nacional Agostini, en Magallanes, sancionada por incumplimientos gravísimo y graves -que incluyen ocultamiento de información y mal manejo de mortalidades-, aplicándole una multa de 1.013 UTA, unos $1.200 millones.

Gallardo, quien era directora del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) cuando este organismo denunció a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) los incumplimientos de la compañía de capitales noruegos, recuerda que en ese momento se logró “la suspensión de dos ciclos productivos, algo inédito, además de la máxima multa”.

Destaca que a partir de este caso se gestó un muy buen programa de fiscalización, que permitió “a través de diversos algoritmos y perfiles de riesgo, empezar a detectar otras situaciones”.  “Hemos mejorado los sistemas de fiscalización, tenemos una alianza, a través de la Red Sustenta, con otros órganos fiscalizadores, compartimos información, base de datos con el Servicio de Impuestos Internos, con la SMA, con los órganos de la Autoridad Marítima y por lo tanto, el perfilamiento de riesgo hoy día está siendo cada vez mejor”, “vamos a estar donde tengamos que estar si la situación pone en riesgo la sustentabilidad del sector y sobre todo de Magallanes, que tiene un gran porcentaje de parques nacionales y parques marinos. Estamos preocupados por ello y ocupados”.

“Somos un sector fiscal público muy robusto ya, desde el punto de vista de la fiscalización y las normativas. Es una gran normativa”, regulaciones que además se han perfeccionado este año en el Parlamento, con proyectos como la Ley de Sedimento o la de Escape de Peces.

Respecto de la dotación de fiscalizadores, afirma que “hoy todos los órganos fiscalizadores en el mundo tienden a tener menos personal, pero más inteligencia tecnológica. El uso de la inteligencia artificial, el perfilamiento de riesgo y uso de innovaciones tecnológicas. Por ahí va la cosa y esto es algo cruzado, en todas las instituciones fiscalizadoras, tanto en acuicultura, como en pesca”.

Aunque en el caso de Senapesca la dotación aumentó en 233 nuevos fiscalizadores en 2019 con la nueva ley, lo que representa cerca de un 25% de la institución. Y en Magallanes suma, además, “Guerrero”, una nave que realiza fiscalización propia, “está en comodato con la autoridad marítima y puede asistir a los centros de cultivo sin avisar, que era una de las cosas que por mucho tiempo se nos criticaba”.

Ahora, dice, hay que apuntar a la prevención, activar sistemas de alerta temprana, “tenemos que estar antes de que ocurran. Debemos cuidar nuestros recursos y ser potentes en la fiscalización preventiva, para que no ocurran daños de ningún tipo y en eso estamos trabajando. La industria también ha mejorado sus estándares, pero también el equipo de fiscalizadores ha mejorado su procedimiento respectivo de fiscalización al sector”.

¿Puede descartar que haya otros casos similares? “Cuando uno es fiscalizador sabe que van a haber conductas que se arrancan de la normalidad y lo importante, insisto, lo importante es estar siempre con una alerta temprana y eso lo hemos aprendido con situaciones como la Marea Roja (en Chiloé, en 2016) o incluso, antes con la crisis por el Virus ISA (en 2007)”.