Los argumentos de Nova Austral y Greenpeace en su batalla legal

A inicios de este mes, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas dejó sin efecto la orden de no innovar decretada el 18 de abril pasado respecto de tres de las cuatro concesiones de Pesquera Cabo Pilar, empresa controlada por Nova Austral, por lo que podría seguir operando los centros de cultivo de salmón ubicados en el Paso Picton de la comuna de Cabo de Hornos, región de Magallanes, quedando paralizado sólo el que se emplaza en el Canal Beagle.

Por ello, Fundación Greenpeace y un grupo de particulares, a través de la abogada María Josefina Correa, interpusieron un recurso  de  reposición  en  contra  de  la resolución que denegó la petición de orden de no innovar, presentada por la ONG ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, donde libra una batalla legal con la salmonicultora para impedir su instalación en la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos.

Como argumento, la abogada esgrimió que los antecedentes para tramitar la solicitud de alzamiento de la medida precautoria contra las concesiones de Nova Austral no se encuentran  disponibles  aún  para Subpesca, que debe velar por el correcto funcionamiento de éstas. Asimismo, “los centros de cultivos ya individualizados, no están operando actualmente y configuran la hipótesis de caducidad del artículo 142 letra e de la Ley General de Pesca y Acuicultura”.

La jurista afirmó también que la salmonicultora todavía no ha tramitado los permisos para el transporte de alevines de smolt ligados a los indicados centros de cultivo. En suma, la empresa “vulnera el ordenamiento jurídico, por cuanto pretende hacer creer que se encuentra plenamente  facultada para realizar sus actividades en la zona, siendo que el alzamiento de la medida precautoria aún no ha sido inscrita por el organismo correspondiente, sus concesiones acuícolas están en causal de caducidad y no ha solicitado autorización para el transporte de peces”.

Respuesta

Frente a esto, Pesquera Cabo Pilar, por medio del abogado Marcelo Castillo, aseguró que “contrario de lo que afirma Greenpeace y los otros recurrentes, el alzamiento de la medida precautoria decretada por el Juez Árbitro Roberto Ávila se encuentra firme y ejecutoriada, y notificada al Subsecretario de Pesca y Acuicultura y otras autoridades”.

Respecto a esto último, de acuerdo con el abogado, el Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya, reconoce en uno de sus escritos exhibidos en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que el titular de Subpesca -Eduardo Riquelme- se encuentra notificado del alzamiento de la medida precautoria, “pero solicita más antecedentes al Juez Árbitro para ‘evaluar la inscripción definitiva del alzamiento de la medida precautoria’, lo que es jurídicamente improcedente”.

En ese contexto el jurista advirtió que “el Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, se encuentra derechamente en desacato de lo ordenado cumplir por el Juez Árbitro, de conformidad a lo que ordena el artículo 76 de la Constitución Política de la República, según el cual la ‘autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar’, y además viola el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a que se ha quebrantado lo ordenado cumplir por un tribunal arbitral”.

Asimismo, el abogado recalcó que no es efectivo que las concesiones de la compañía se encuentren en estado de caducidad, apuntando que en el marco de la solicitud efectuada por Sernapesca a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas con el fin de que inicie el proceso extinción de derechos para operar estos cuatro centros de cultivo, “mi representada hará valer sus derechos”.

Por cierto, “esta parte considera que no concurre dicha causal, pues los plazos a que se refiere el artículo 142 letra e) de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se encuentran suspendidos”, expuso el representante de Pesquera Cabo Pilar en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.