Informe de Subpesca: Proponen separar normativamente salmonicultura y mitilicultura
También se plantea la necesidad de apurar la relocalización de concesiones, sobre todo, cuando la empresa busque salir de algún área protegida para mayor sostenibilidad.
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Recientemente, Subpesca publicó una síntesis de 24 páginas en total, relacionada al proceso participativo para la Ley de Acuicultura que, finalmente, no se presentará en este Gobierno, pero se dejaron los insumos de los talleres realizados entre octubre de 2024 y enero de 2025.
“Si bien la regulación acuícola se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo mediante diversas reformas legales, su desarrollo ha sido principalmente reactivo y fragmentado. Esto ha derivado en una normativa compleja, difícil de comprender tanto para los usuarios como para la propia institucionalidad del sector”, indican en el documento.
Asimismo, se da a conocer que hoy la industria salmonicultora enfrenta un estancamiento en su crecimiento, lo que ha generado efectos negativos en las economías regionales y en la generación de empleo. Se plantea la necesidad de evaluar medidas que impulsen nuevamente su desarrollo.
Luego, las propuestas para mejorar la normativa acuícola, se basa en los pilares acceso, ordenamiento territorial, ambiental, sanidad y bienestar animal, investigación para la toma de decisiones, fiscalización y sanción, cadenas productivas y comercialización y gobernanza.
Simplificación de trámites
Igualmente, se plantea separar normativamente mitilicultura de salmonicultura, definiendo de forma clara sus respectivas clasificaciones y regulaciones. Igualmente, se propone diferenciar la patente única de acuicultura para pequeños, medianos y grandes empresas.
También se expone como prioridad la simplificación de los trámites relacionados con el otorgamiento, relocalización y renovación de concesiones acuícolas. Se propone establecer procesos administrativos con plazos definidos según el tipo y objeto de la concesión, reducir la cantidad de instituciones públicas involucradas, digitalizar todos los procedimientos, implementar una ventanilla única electrónica y disminuir la burocracia. Destacan la necesidad de distinguir entre los trámites que requieren una modificación de concesión y aquellos que pueden tramitarse sectorialmente de forma flexible, con el fin de evitar demoras innecesarias.
Otro aspecto clave identificado es la necesidad de revisar el actual sistema de asignación de Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA). Esta revisión debe estar respaldada por estudios técnicos y científicos que permitan determinar, de manera previa, la capacidad de carga de los cuerpos de agua en los que se pretende desarrollar actividad acuícola. Se propone, además, establecer zonas diferenciadas por grupos de especies —como moluscos, peces o algas— basadas en criterios técnicos adecuados. En este marco, se plantea el reconocimiento y creación de zonas adaptadas al entorno (inshore, offshore y midshore), con el objetivo de promover la diversificación acuícola y facilitar un desarrollo más sostenible, en línea con las particularidades ambientales de cada territorio.
Abordar la situación de las concesiones acuícolas ubicadas al interior de áreas protegidas fue otro de los temas recurrentes en las propuestas, especialmente en el contexto de la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.600. Se señala la necesidad de contar con una normativa más precisa que regule la actividad acuícola en estos espacios, estableciendo estándares diferenciados. En este sentido, se propone definir claramente los requisitos y estándares ambientales que deben aplicarse a las actividades productivas dentro de áreas protegidas. En los casos en que se determine que existe una incompatibilidad entre la actividad acuícola y el régimen de protección, se propone establecer alternativas viables de salida, incluyendo plazos, criterios de gradualidad y mecanismos de adecuación para los centros que actualmente operan en dichas zonas.
Bienestar animal
También se propone que la futura ley incorpore de manera explícita un enfoque de bienestar animal, regulando aspectos fundamentales como el manejo, la alimentación y el sacrificio de los organismos cultivados. Para ello, se sugiere establecer estándares específicos en cada etapa del ciclo productivo, alineados con referentes internacionales, en particular con las directrices de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
Un aspecto clave es establecer la vinculación entre las características específicas del cuerpo de agua utilizado para la acuicultura y las medidas sanitarias que le sean aplicables. En este sentido, el uso de productos químicos, antimicrobianos, pesticidas y otros insumos debe ser regulado considerando la capacidad de carga de los ecosistemas para procesar estos compuestos, minimizando así su impacto ambiental.
Asimismo, se propone establecer incentivos concretos para fomentar la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D) acuícola, tales como deducciones tributarias y otros mecanismos fiscales. En este marco, se plantea la creación de un Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura, con el fin de financiar proyectos en áreas prioritarias como monitoreo ambiental, salud animal, mejora genética, biotecnología y mitigación de impactos ambientales.
A nivel territorial, se plantea la creación de Consejos Regionales de Acuicultura o mesas territoriales de trabajo, que permitan una gobernanza descentralizada con capacidad para abordar problemáticas específicas de cada región. Estas instancias deberían integrar a mitilicultores, salmonicultores, comunidades indígenas y servicios públicos relevantes, facilitando decisiones adaptadas a las particularidades locales, siempre en coordinación con el nivel central.
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